Un desafío crónico con graves consecuencias. El Perú enfrenta un dilema económico crucial: ¿puede seguir ignorando su déficit fiscal sin pagar un alto precio social?
La respuesta, analizada bajo el contexto actual de las mega tendencias globales y la inflación post-pandemia, es un rotundo NO. Este déficit, un problema crónico que ha persistido a lo largo de los años, amenaza la estabilidad económica y la calidad de vida de los peruanos, y requiere soluciones urgentes y audaces.
Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el déficit acumulado a julio de 2025 es del 2.6% del PBI, una cifra que ya se desvía de la meta establecida del 2.2% para fin de año. Proyecciones de entidades privadas como el Banco de Crédito del Perú (BCP) estiman un cierre de 2.8%, superando así la regla fiscal.
A pesar de las reiteradas advertencias del Consejo Fiscal (CF) sobre los incumplimientos de 2024 y los riesgos para el presente año, el MEF aún no ha implementado las reformas profundas que el país necesita para revertir esta tendencia.
Las raíces del problema: ingresos fiscales insuficientes. El déficit fiscal peruano es el resultado de una combinación de factores estructurales, comenzando por los bajos ingresos fiscales. Este problema se debe, en gran medida, a la alta informalidad que asfixia la economía.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), aproximadamente el 70% de la economía peruana opera en el sector informal, lo que reduce drásticamente la base tributaria.
Este problema se agrava por una serie de exoneraciones tributarias que a menudo carecen de un sustento técnico sólido. Un ejemplo claro fue la reciente reducción del 29.5% al 15% en el impuesto a la renta para las empresas agroexportadoras, una ley aprobada por el Congreso a pesar de las objeciones del MEF y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A su vez, la corrupción erosiona significativamente la capacidad de recaudación del Estado; escándalos como los de Petroperú o el caso Odebrecht han costado miles de millones de soles en pérdidas.
Las cifras lo demuestran:
- Informalidad: Reduce la recaudación en aproximadamente 15% del PBI potencial.
- Corrupción: Pérdidas estimadas en S/ 23 mil millones anuales (Contraloría).
- Exoneraciones: Aumentan el déficit en 1-2% del PBI (proyecciones de la OCDE para 2025).
Además, la baja productividad del país, donde el PBI per cápita se ha estancado en alrededor de US$7,000, limita el crecimiento de los ingresos fiscales. Para contrarrestar esta situación, se requieren medidas audaces como la implementación de incentivos a la formalización (reducciones temporales de impuestos para PYMES) y una digitalización agresiva de la SUNAT para combatir la evasión fiscal de manera más efectiva.
Un gasto público ineficiente y sobredimensionado. Por el lado de los egresos, el Estado peruano se muestra sobredimensionado y, en muchos casos, ineficiente. El despilfarro y la falta de eficiencia son evidentes. Con más de 1.4 millones de empleados públicos, según el INEI de 2024, la falta de una cultura de meritocracia y el clientelismo generan un grave despilfarro de recursos.
Además, el Congreso ha ignorado repetidamente la prohibición constitucional del artículo 79, que prohíbe crear o aumentar el gasto público sin una justificación fiscal. Muestra de ello son las leyes populistas que han aprobado bonos y aumentos salariales que han sumado S/ 10 mil millones adicionales en el periodo 2024-2025.
Los gastos corrientes, como los sueldos, representan más del 60% del presupuesto, sin una optimización real de recursos ni la fusión de entidades redundantes. La corrupción amplifica este problema, ya que se estima que el 20% de los contratos públicos presentan irregularidades, según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
La situación actual en el gasto público se resume en:
- Exceso de empleados: Un Estado con una planilla abultada reduce la productividad estatal en aproximadamente un 30%, según estimaciones del Banco Mundial.
- Congreso descontrolado: La creación de «gastos sin control» por parte del poder legislativo eleva el déficit en 0.5-1% anual.
- Baja productividad: La falta de inversión en tecnología y gestión hace que el gasto público rinda solo el 70% de lo esperado.
Para revertir este derroche, se necesita un enfoque riguroso, que incluya la implementación de evaluaciones de desempeño anuales, la fusión de entidades redundantes y la auditoría del 100% de los grandes contratos públicos.
Consecuencias de la inacción, el alto precio a pagar. Si no se toman medidas urgentes, las consecuencias de mantener un déficit fiscal elevado serán severas. La más inmediata es la amenaza de perder el grado de inversión del país, actualmente en BBB por Standard & Poor’s.
Según consultoras como Apoyo, existe un alto riesgo de un downgrade en 2025 si la situación fiscal continúa deteriorándose. Esto se traduce en una deuda pública más cara, con tasas de interés que podrían subir entre 1 y 2 puntos porcentuales, afectando el costo de vida de todos los peruanos.
La inflación persistente, que se mantiene alrededor del 2%, y los recortes en sectores vitales como educación y salud son otras consecuencias directas. El déficit deja a la población sin escuelas ni postas médicas, impactando negativamente en la calidad de vida y aumentando la pobreza. A pesar de los llamados de atención del Consejo Fiscal al MEF por incumplir las reglas fiscales por dos años consecutivos, la acción ha sido limitada.
Hacia una solución integral, un plan multifacético, se requiere, que actúe sobre los ingresos y los egresos. Por el lado de los ingresos, es fundamental combatir la informalidad con programas agresivos como «Formalízate Perú» y eliminar exoneraciones tributarias que no tienen un claro beneficio social.
En cuanto a los egresos, la clave es la racionalización a través de la meritocracia, implementando una ley de servicio civil plena, y sancionando al Congreso por los gastos que crean de manera ilegal. La optimización de recursos puede lograrse a través del uso de inteligencia artificial en la elaboración de presupuestos y en las auditorías de contratos públicos para combatir la corrupción de raíz.
Finalmente, se debe aumentar la productividad con una inversión significativa en infraestructura (20% del PBI a través de asociaciones público-privadas).
A continuación, algunas recomendaciones clave:
- Reforma Tributaria: Aumentar la recaudación en un 2% del PBI sin subir impuestos, sino a través de la formalización y una mejor fiscalización.
- Reducción de Planilla: Congelar las nuevas contrataciones de empleados públicos y realizar evaluaciones de desempeño para el 50% de la planilla en los próximos dos años.
- Control Congresal: Otorgar al presidente un veto automático a las leyes con impacto fiscal que no cuenten con una evaluación técnica del MEF y del Consejo Fiscal.
- Monitoreo: Empoderar al Consejo Fiscal con un veto vinculante sobre el presupuesto nacional para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales.
El rol del liderazgo y la cultura política. La inacción frente al déficit fiscal no es una opción para el Perú. Como bien dijo un economista, «la estabilidad fiscal no es un lujo, es el fundamento de la prosperidad». Ignorar las advertencias del Consejo Fiscal y continuar por el camino del despilfarro y la ineficiencia solo llevará a una crisis.
Sin embargo, para que estas reformas se materialicen, se requiere algo más que buenas ideas técnicas: se necesita un liderazgo visionario, con capacidad de gestión y un compromiso real con la meritocracia.
El reciente viaje de la presidente a Japón e Indonesia, sin un informe detallado sobre los resultados y acuerdos, hasta la fecha, demuestra una preocupante falta de rendición de cuentas. En el sector empresarial, la rendición de cuentas es un pilar fundamental del liderazgo; en el sector público, parece ser la excepción.
La falta de empatía y la indiferencia hacia la opinión pública, como lo demuestran las declaraciones de la presidente Dina Boluarte, reflejan una desconexión que socava la confianza de la ciudadanía. Con una persona que se burla de las críticas y a la que «le resbala» lo que piensen de ella, es difícil tener confianza en que el déficit fiscal se reducirá.
Esto nos lleva al tema de fondo: mientras no existan filtros rigurosos en la oferta electoral, lamentablemente vamos a seguir siendo un país donde la sociedad no podrá ser plenamente feliz. Se trata de, al menos, hacer bien las tareas que son pagadas con los recursos de todos los peruanos.
Un cambio real en la gestión fiscal y la construcción de un futuro próspero para todos dependen, en última instancia, de un liderazgo íntegro y comprometido con el bienestar de la nación.
¿Estamos listos para elegir líderes que prioricen la estabilidad y la eficiencia sobre la popularidad y el clientelismo?
#JuandeDiosGuevara
1 comentario en “El Déficit Fiscal en el Perú”
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