Serie Especial: Cultivar al Hombre y al Campo (2026–2031)
Artículo 1 — EL HOMBRE: Justicia nutricional y revolución agraria
¿Cómo puede un país que exporta alimentos de alto valor permitir que los niños de sus zonas rurales sufran anemia e inseguridad alimentaria? La primera revolución debe comenzar por las personas.
El Perú vive atrapado en una contradicción que interpela la conciencia de toda su clase política y dirigencial. En las últimas dos décadas, la franja costera se ha transformado en un portento Agro-Tech, capaz de posicionar al país como líder global en las exportaciones de arándanos, uvas frescas y paltas. Los despachos agroexportadores superan los US$ 15,000 millones anuales y generan un superávit comercial agrario de US$ 8,168 millones. Desde una mirada estrictamente macroeconómica, el modelo parece un éxito incuestionable.
Sin embargo, cuando nos adentramos en la geografía profunda de los Andes y la Amazonía, la narrativa del «milagro agroexportador» se desmorona frente a indicadores sociales dramáticos. Mientras los buques mercantes zarpan cargados de alimentos de alto valor hacia los mercados más exigentes de Europa, Asia y Norteamérica, el 30.5% de los peruanos sufre inseguridad alimentaria, la desnutrición afecta a comunidades enteras y la anemia infantil golpea al 43.2% de los niños del ámbito rural. Más lacerante aún es el caso de regiones emblemáticas como Puno, donde la anemia infantil alcanza un intolerable 56.1%, pese a su histórica tradición agropecuaria.
¿Cómo se explica que la misma tierra que genera divisas multimillonarias sea incapaz de garantizar una alimentación nutritiva a los hijos de quienes la trabajan? Esta paradoja no es fortuita: es el resultado de una profunda fractura estructural y de un Estado que ha diseñado políticas públicas de espaldas al desarrollo territorial integral.
La trampa de la dependencia y la brecha del 2%
El origen de este desbalance descansa en una marcada dualidad. El Perú posee 28 de los 32 climas del planeta y 84 de las 117 zonas de vida catalogadas en el mundo. Disponemos de cerca de 13 millones de hectáreas con aptitud agrícola; sin embargo, vivimos sometidos a lo que denomino «la brecha del 2%»: apenas el 1.9% de la superficie agrícola cuenta con tecnología moderna e infraestructura de riego tecnificado.
El resto corresponde, en gran medida, a la agricultura familiar y comunitaria —responsable de alimentar a nuestras ciudades—, que subsiste con bajos niveles de productividad, insuficiente asistencia técnica, escasa cobertura de seguros agrarios y una intermediación comercial que, con frecuencia, reduce drásticamente los ingresos del productor.
Paralelamente, hemos construido un sistema alimentario urbano frágil y dependiente. Mientras relegamos los cultivos de nuestra sierra y selva, productos básicos de la canasta familiar —como el pan, los fideos y el aceite—, así como la producción de pollo, dependen críticamente de insumos importados. Entre 2020 y 2025, las importaciones de trigo, maíz y soya crecieron un 34%. El país vende frutas de alto valor a mercados premium, mientras recurre a granos traídos de ultramar para cubrir necesidades básicas de alimentación. Así queda expuesto a la volatilidad de los precios internacionales y de los fletes navieros.
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) confirma la profundidad del problema: en el ámbito rural, donde se concentra la mayor parte de la agricultura familiar, la pobreza no es únicamente una brecha de ingresos monetarios; es la acumulación de privaciones crónicas en agua potable, saneamiento, educación y, sobre todo, nutrición. Producir alimentos en un territorio ya no garantiza que su población pueda alimentarse adecuadamente.
De la ayuda asistencial al «Empresario Rural 2.0»
Para cerrar esta brecha histórica, la respuesta del Estado no puede reducirse al asistencialismo paliativo ni a la entrega clientelar de bolsas de fertilizantes durante las emergencias. El gasto público que no crea capacidades productivas ni activos duraderos termina siendo capital dilapidado.
Nuestra propuesta para el período 2026–2031, bajo la premisa de «Cultivar al Hombre y al Campo», plantea que alimentar bien al Perú debe convertirse en un objetivo político fundamental e irrenunciable. Esto exige una intervención decidida en tres frentes estructurales:
- Reforma del Servicio Civil Agrario (MIDAGRI 2.0): El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego debe dejar de ser una estructura predominantemente burocrática y centralizada en Lima para convertirse en una verdadera Gerencia de Desarrollo Territorial. Necesitamos extensionistas y directivos seleccionados por meritocracia, bajo los criterios de SERVIR, y evaluados mediante indicadores de desempeño (KPI) concretos: hectáreas con riego tecnificado por cuenca, incremento de la productividad y reducción efectiva de la anemia y la desnutrición en sus respectivas jurisdicciones.
- Cadenas Productivas y Compras Estatales: Articular la producción de la agricultura familiar con la demanda de los programas de alimentación escolar y de otras entidades públicas. Los superalimentos andino-amazónicos de alto valor nutricional —quinua, kiwicha, tarwi y otros granos andinos—, junto con la proteína proveniente de la ganadería altoandina, deben formar parte de la dieta escolar, dinamizando las economías locales y garantizando mercados y precios justos para los productores.
- Asociatividad y Justicia de Mercado: Promover esquemas asociativos modernos, como las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), y fortalecer la Red Nacional de Centros de Desarrollo Empresarial (CDER). El pequeño productor debe contar con respaldo jurídico, técnico y financiero para asociarse con el capital privado, acceder a líneas de crédito canalizadas mediante un AGROBANCO de segundo piso y agregar valor a su cosecha, sin comprometer la propiedad de su tierra.
El reto del quinquenio 2026–2031
El agro peruano no puede continuar operando como dos realidades divorciadas: una costa altamente tecnificada, orientada a captar divisas, y un interior andino y amazónico abandonado a la asistencia de los programas sociales. La verdadera conquista del Perú por los peruanos pasa por derribar ese muro invisible y construir una sola potencia alimentaria, integrada y descentralizada.
Elevar la productividad de la pequeña parcela, dotarla de agua, tecnología e innovación, y erradicar la anemia infantil no constituye únicamente un deber moral: representa una de las inversiones económicas y sociales más rentables que la República puede realizar de cara al 2031.
Cuando cultivamos al hombre mediante la salud, la educación y la vocación emprendedora, el campo responde multiplicando la riqueza, generando oportunidades y cerrando la dolorosa paradoja del «campo rico con niños pobres».
#JuandeDiosGuevara