A la ciudadanía peruana, a los poderes del Estado, a las universidades, a los sectores productivos, a los intelectuales y, a las organizaciones de la sociedad civil:
Los 3 grupos de intelectuales “think tanks” que suscriben este pronunciamiento, el Grupo de los Doce (G12), el Grupo de Economía Política y Social (GEPS) y, Concertación Perú (CP) expresamos nuestra profunda preocupación por la escasa disposición y capacidad que está mostrando el Perú para atender a los desafíos de una de las tecnologías con mayor potencial transformador de nuestro tiempo y, simultáneamente, con los mayores riesgos a la libertad y la cultura sino se la encuadra en una política y un plan de acción deliberado para aprovechar sus ventajas y evitar sus potenciales amenazas.
La Inteligencia Artificial (IA) no solo es una de las herramientas más poderosas creadas por el ingenio humano sino un actor no humano dotado de capacidad de decisión autónoma y aprendizaje en tiempo real, que está transformando el mundo. Bien orientada, puede ampliar nuestras capacidades intelectuales, acelerar descubrimientos científicos, elevar la productividad, transformar los servicios y las compras públicas y democratizar el acceso al conocimiento. Mal orientada, tiene el riesgo de generar vasallos, acentuar el desempleo, la exclusión social, la precarización laboral, la desigualdad socioeconómica, la pérdida de valores culturales, y, hasta la existencia misma de la especie.
El Perú debe procurar crear, adaptar y utilizar la IA para superar las barreras estructurales que históricamente han limitado su desarrollo, y todo en uno, impedir que se manifiesten los muy graves riesgos señalados. Para ello, hasta este momento, el Perú ha aprobado la Ley Nº 31814 y su reglamento, así como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030, y, la Directiva N 002-2026-PCM/SGTD que establece el perfil del oficial de la inteligencia artificial. Sin embargo, conforme se verá más adelante, contar con estas normas y estrategias no garantiza el desarrollo del país ni evita el vasallaje, el empobrecimiento humano y la sujeción general.
El objetivo de este pronunciamiento es doble. Por un lado, sensibilizar a la opinión pública, a la clase dirigente, y principalmente a las autoridades y funcionarios responsables de la conducción estratégica del Perú, para que se tomen las medidas a las que este pronunciamiento se refiere. De otro lado, incentivar al sector académico a que se siga reflexionando y se generen propuestas en una disciplina que está en vertiginosa mutación, pues lo que está en juego es el desarrollo socioeconómico, la transformación productiva y, la soberanía tecnológica y cultural de la nación.
- LOS HECHOS*
*Una versión más amplia de estos Hechos se encuentra en el blog de Ángel Feijóo «La atrofia institucional frente a la IA una falsa certeza que amenaza nuestro futuro» noviembre del 2026 https://medium.com/@afeijoo_11430
a) La IA no es solo una herramienta, sino un actor no humano autónomo.
El debate público en el Perú padece de una ceguera inducida. La inmensa mayoría de la clase dirigente, los funcionarios estatales y los directivos empresariales asumen con superficialidad que comprenden la inteligencia artificial simplemente porque han experimentado con interfaces de modelos de lenguaje comercial como ChatGPT u otras aplicaciones de escritorio. Concebir este fenómeno a partir del intercambio de preguntas y respuestas en un chat es un error conceptual tan peligroso como pretender entender la geopolítica de los hidrocarburos observando únicamente el precio del combustible en una estación de servicio, o reducir la física de la electricidad a la acción de pulsar un interruptor doméstico.
La IA contemporánea no es una herramienta inerte que espera pasivamente la intervención del operador humano, como un martillo, un microscopio o una calculadora electrónica. Asistimos a la irrupción de un actor no-humano dotado de capacidad de decisión autónoma y de autoaprendizaje en tiempo real.
El verdadero centro de gravedad de la disciplina se ha desplazado ya de los modelos monolíticos hacia los llamados sistemas multiagente: redes complejas de cientos o miles de agentes sintéticos que interactúan, negocian, disputan y colaboran entre sí de forma autónoma para resolver problemas de escala masiva. A estos entramados algorítmicos se les está transfiriendo, sin debate público ni auditoría ciudadana, la potestad de:
- Diseñar y negociar contratos comerciales y financieros vinculantes.
- Dictaminar diagnósticos clínicos y priorizaciones de atención en salud pública.
- Regular la oferta y demanda de bienes esenciales y mover mercados de capitales a velocidades imperceptibles para los sentidos humanos.
- Intervenir en los procesos de selección laboral, evaluación judicial y perfilamiento crediticio de la población.
- Determinar cursos de acción táctica y logística en conflictos armados entre países.
Estos sistemas ya controlan los servidores, la producción, los flujos monetarios y las compuertas informativas que sostienen la vida civil. Frente a sistemas autónomos que resuelven contingencias a velocidades algorítmicas, la pretensión del Estado peruano de gestionar esta disrupción mediante los tiempos muertos, los oficios circulares, las comisiones burocráticas y los sellos notariales tradicionales no es solo una ingenuidad suicida, sino la garantía formal de nuestra irrelevancia y claudicación institucional frente a la tecnología.
A diferencia de las revoluciones industriales del pasado, en las que las sociedades no solo dispusieron de décadas para amortiguar el impacto, reconvertir la fuerza laboral y erigir marcos regulatorios de contención, el ritmo de evolución de los sistemas avanzados desborda la tasa biológica e institucional de asimilación humana. Asimismo, se debe recordar que en las anteriores revoluciones tecnológicas las innovaciones radicales fueron un complemento a la actividad humana y no como ahora que lo sustituyen en tareas específicas.
Mientras el aparato estatal peruano demora semestres o años en consensuar un reglamento administrativo, la tecnología reconfigura las bases de la producción y el conocimiento en cuestión de semanas. No encaramos una ola modernizadora más, sino una aceleración tecnológica que amenaza con sobrepasar la capacidad de análisis de las mentes mejor formadas de nuestra nación.
b) El secuestro burocrático y la claudicación científica en el Estado peruano
La extrema vulnerabilidad que exhibe el Perú frente al despliegue global de la IA no es un fenómeno fortuito: obedece a una decisión de política interna mediante la cual el Estado optó por reemplazar a la comunidad científica por la tramitología administrativa.
Al marginar al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) —el ente constitucional y técnico natural donde convergen los investigadores, ingenieros, matemáticos e innovadores del país—, el Poder Ejecutivo entregó el monopolio exclusivo de las definiciones sobre IA a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Con una sola rúbrica, redujeron una convulsión civilizatoria, industrial y ontológica a un mero expediente burocrático de «gobierno electrónico».
Hoy en día, las decisiones cruciales sobre el futuro tecnológico de los peruanos se redactan en despachos administrativos que carecen en su planta de especialistas de frontera con trayectoria internacional demostrable en ciencias de la computación, matemáticas avanzadas y arquitecturas neuronales. Las directivas emitidas operan mediante resoluciones que reproducen formatos corporativos internacionales sin solvencia epistemológica propia. Pretender diseñar el rumbo algorítmico de un país sin el liderazgo de sus científicos equivale a prescindir de economistas para determinar la política fiscal del Ministerio de Economía, o a decretar medidas de emergencia sanitaria en el Ministerio de Salud marginando por completo a los médicos.
Esta ignorancia institucional ha dejado huellas en el marco normativo nacional:
- La Ley N.º 31814 y su Reglamento: Reconocidos formalmente como hitos iniciales en el papel, se limitan en lo sustantivo a normalizar pautas para la adquisición y consumo de productos informáticos foráneos en las dependencias públicas, eludiendo cualquier mandato vinculante de soberanía productiva o fomento de infraestructura computacional pública. Asimismo, en el reglamento, se califica por niveles de riesgo los ámbitos de intervención del Estado, pero se desconoce su capacidad de implementarla.
- La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA 2026–2030): Carece de metas cuantitativas de industrialización, presupuesto real asignado para la creación de modelos fundacionales peruanos y planes de exportación tecnológica. Es un catálogo descriptivo orientado a la compra de soluciones cerradas, llave en mano.
- La Directiva N.° 002-2026-PCM/SGTD: Al delimitar el perfil del llamado «oficial de inteligencia artificial» en las entidades públicas, perpetúa una visión administrativa de mesa de partes, enfocada en la gestión de expedientes y el cumplimiento de formularios, en lugar de exigir competencias científicas y capacidades para auditar algoritmos de alta complejidad.
La consecuencia directa de esta abdicación es la condena estructural del Perú a la condición de importador perpetuo y consumidor cautivo de software extranjero.
c) La geopolítica de la dependencia: El infiltrado silencioso, el espejismo de los servidores y el apagón institucional (kill switch)
La inteligencia artificial que hoy se expande sobre el Perú es propiedad privada de un oligopolio transnacional radicado casi en su totalidad en dos grandes polos geopolíticos (Estados Unidos y China), cuyos intereses estratégicos no coinciden con las urgencias de nuestra población.
En nuestro país, la cesión de soberanía ha llegado a niveles inauditos. La mayoría de la ciudadanía y de la academia ignora que las directrices centrales que alimentaron el diagnóstico técnico de la ENIA 2026–2030 fueron conducidas con la intermediación del Centro de Cooperación en Gobierno Digital (DGCC), un ente incrustado directamente en las oficinas de la SGTD en la PCM, conducido y operado por un delegado del gobierno surcoreano. No es una simple asesoría: es permitir que un Estado foráneo escriba las reglas de nuestro futuro desde el interior del núcleo estatal. A ello se suma la claudicación oficializada mediante pactos bilaterales formalizados en septiembre de 2026 con los Estados Unidos, celebrando convenios de asesoramiento y adopción que consolidan el alineamiento del Estado peruano con el catálogo comercial e intereses geopolíticos de Washington o Seúl. Ningún país soberano permite que misiones extranjeras y corporaciones privadas redacten desde adentro la arquitectura informática de su administración pública, sus ministerios, sus sistemas judiciales y sus órganos electorales.
A ello se añade la trampa del espejismo de la infraestructura:
- El saqueo de recursos esenciales: Se argumenta falsamente que atraer a corporaciones hegemónicas para que instalen centros de datos físicos en el Perú resolverá la dependencia. Un centro de datos emplazado en suelo nacional consume gigantescos volúmenes de energía eléctrica y agua para la refrigeración de sus procesadores, presionando sobre la oferta hídrica (de por sí escasa) y ambiental de nuestros valles y cuencas sin transferir soberanía real.
- La ilusión de la propiedad: Los servidores y cables pueden estar en territorio peruano, pero si el software, los modelos neuronales, las patentes y las llaves maestras de cifrado pertenecen a corporaciones transnacionales, la riqueza económica y los datos generados emigran de inmediato al exterior en un esquema de extractivismo digital.
- El riesgo existencial del kill switch (apagón institucional): Al anclar la gestión pública, la salud, la tributación y la seguridad del país a nubes foráneas, el Perú se expone a que una sola orden judicial o decreto ejecutivo extranjero interrumpa o inhabilite los servicios esenciales del Estado. No se trata de una hipótesis teórica: las órdenes ejecutivas norteamericanas dictadas a mediados de 2026 —que forzaron a la empresa Anthropic a suspender o restringir el acceso a sus modelos más avanzados a entidades situadas fuera de su territorio— demostraron que la soberanía nacional es ficticia si depende de licencias foráneas revocables por decisión unilateral de un tercer Estado.
Frente a este escenario, países de la región ya asumen la contienda como una política industrial de supervivencia:
- Brasil inyecta fondos estatales de miles de millones de dólares en supercómputo público, soberanía de datos y modelos en portugués.
- Chile consolida una política integral para posicionarse como polo estratégico de infraestructura computacional del cono sur, negociando transferencia efectiva.
- Colombia y Costa Rica incorporan indicadores cuantitativos presupuestados para equilibrar el balance entre importación y desarrollo local.
El Perú, poseedor de una vasta reserva de talento informático y matemático —hoy confinado en su mayoría a la tercerización anónima y barata (body shopping) para clientes extranjeros—, sigue sin articular las compras estatales, el capital de fomento y los laboratorios universitarios para forjar un ecosistema nacional propio y apuntar a una balanza de conocimiento en IA sostenible, que impida una sangría perpetua de divisas.
d) La infocracia, la vigilancia masiva y el colapso del debate democrático
Como ha demostrado el filósofo Byung-Chul Han en sus investigaciones sobre la infocracia, el régimen de la información y la psicopolítica, la automatización digital del conocimiento no conduce a una sociedad más libre ni más informada, sino a la degradación de la esfera pública deliberativa.
La conjunción de inteligencia artificial generativa, procesamiento masivo de datos (Big Data) y algoritmos de segmentación psicométrica ha transformado la verdad pública en una mercancía contingente:
- Destrucción de la conversación democrática: Los sistemas algorítmicos diseñados para maximizar la permanencia en pantalla premian la polarización extrema, la sospecha sistemática y la indignación afectiva, pulverizando los espacios comunes de debate racional necesarios para el consenso republicano.
- Fabricación de desinformación industrializada: La proliferación de identidades sintéticas, falsificaciones profundas (deepfakes) de audio y video, y campañas orquestadas de difamación mediante enjambres de agentes automáticos vacían de contenido los procesos electorales y erosionan la legitimidad institucional.
- El apagón moral y la automatización de la injusticia: La transferencia de juicios humanos a modelos de aprendizaje automático profundiza las desigualdades preexistentes. Cuando se confía a un algoritmo de caja negra determinar si una persona merece un crédito de desarrollo, acceder a un seguro de salud, postular a un puesto de trabajo o recibir una fianza judicial, las injusticias históricas quedan codificadas como «verdades matemáticas» inapelables. Dado que los algoritmos son opacos e inescrutables, el ciudadano queda privado del derecho elemental a comprender la causa de su exclusión y a exigir reparación frente a un poder sin rostro ni firma responsable
e) La crisis de la educación superior, la atrofia cognitiva y la estafa académica
La penetración de la IA corporativa ha desnudado la crisis ética estructural de las instituciones de educación superior en el Perú y el mundo:
Formación Intelectual Crítica vs Vasallaje y Colonización Cognitiva
- Esfuerzo intelectual y lectura densa vs subcontratación de respuestas a cajas negras
- Mentoría presencial maestro-aprendiz vs sustitución por agentes automáticos cerrados
- Investigación de ciencias básicas vs entrenamiento cautivo en plataformas de Big Tech.
- Construcción autónoma del pensamiento vs atrofia neuromuscular y neurológica del criterio.
La universidad como gremio de autoconservación y la «estafa académica»: Ante la obsolescencia fulminante de planes de estudio que continúan cobrando matrículas onerosas por impartir habilidades que las máquinas ya realizan con coste marginal nulo, amplios sectores de la academia han optado por el encubrimiento corporativo. Ocultar que se está formando a miles de jóvenes para competencias laborales que hoy son irrelevantes constituye una estafa académica comparable a cuando las corporaciones tabacaleras ocultaron el daño del cigarrillo o los fabricantes de pintura negaron el envenenamiento por plomo. Invertir los años más formativos y los recursos de las familias en habilidades obsoletas generará una masa de profesionales frustrados y económicamente inviables.
Atrofia del pensamiento y pérdida de la «lucha productiva»: La adquisición de juicio crítico, discernimiento ético y capacidad heurística requiere que el cerebro humano experimente la fricción del esfuerzo intelectual sostenido: leer textos densos, confrontar hipótesis, dudar, escribir y errar. La delegación sistemática de la redacción, el análisis de datos y la síntesis textual a inteligencias sintéticas priva a las nuevas generaciones del entrenamiento biológico y neurológico indispensable para el razonamiento autónomo. Se está graduando a promociones que saben cómo pedir respuestas (prompting), pero privadas de la estructura mental para concebir soluciones y pensar por sí mismas.
El espejismo del licenciamiento y el vendor lock-in educativo: Los convenios suscritos por universidades e institutos técnicos con gigantes tecnológicos internacionales —donde se ofrecen «certificaciones gratuitas» en plataformas específicas— no son actos de filantropía ni transferencia científica. Son tácticas de captura comercial para educar a los estudiantes como mano de obra consumidora y dependiente de una marca foránea, incapacitándolos para el desarrollo de arquitecturas de software libre, desarrollo matemático y código abierto propio.
Colapso de la mentoría y desconfianza punitiva: En los centros laborales y académicos, la obsesión gerencial por recortar costos de entrada elimina puestos de aprendices y asistentes jóvenes, dinamitando la cadena formativa mediante la cual un profesional novel maduraba al lado de un mentor experimentado. Simultáneamente, la implementación de detectores algorítmicos —herramientas comerciales comprobadamente ineficaces, arbitrarias y con sesgos raciales y lingüísticos documentados— ha transformado aulas y oficinas en campos de sospecha generalizada, quebrando los lazos de cooperación y confianza humana indispensables para la investigación creativa.
II. UNA VISIÓN DESDE LA IDENTIDAD DEL PERÚ: IA CON SOPLO NACIONAL Y ÉTICO
La revolución de la IA es percibida de diferente manera en los países de economías desarrolladas que en los países con economías en desarrollo.
El estudio del South Centre de octubre de 2026, ¿Why is the Global South optimistic about Artificial Intelligence?, identifica una diferencia sustantiva entre las posiciones expresadas por los diversos países durante los debates internacionales. En efecto, mientras los primeros manifiestan una gran preocupación por la seguridad, el control de los sistemas avanzados y sus efectos disruptivos, numerosos países del Sur Global expresan optimismo respecto de las oportunidades que ofrece la IA, especialmente cuando estos países logran crear o adaptar tecnologías y soluciones de IA a sus realidades específicas y necesidades endógenas. No se trata de gastar presupuestos para comprar la oferta foránea que se apropia de nuestra data y de nuestra realidad en paquetes cerrados y subordinadas a las exigencias de las grandes corporaciones de IA.
El Perú es una nación de profundas raíces históricas, extraordinaria diversidad biológica, climática, ecológica y cultural y valiosos conocimientos ancestrales acumulados a lo largo de milenios. Los antiguos peruanos fueron capaces de generar soluciones originales en entornos geográficos complejos, y con restricciones materiales y grandes desafíos ambientales.
La transformación impulsada por la IA nos invita a recuperar ese espíritu creador y proyectarlo hacia el futuro, sin dejar de tomar del pasado todo lo que sea relevante y dialogue con las disruptivas tecnologías modernas.
Proponemos entonces construir una inteligencia artificial con identidad peruana y vocación universal, orientada a nuestras necesidades nacionales, abierta al conocimiento global y sustentada en principios éticos firmes, pensando en las personas destinatarias de nuestro esfuerzo y a sus culturas tanto como a los espacios biogeográficos a los que las tecnologías deben servir.
Esto implica promover soluciones para las comunidades altoandinas, la agricultura familiar, la Amazonía, la educación rural, las enfermedades desatendidas, la informalidad productiva, la gestión del agua, las elevadas desigualdades y fracturas sociales, las necesidades de nuestras micro y pequeñas empresas, la diversificación productiva y exportadora y la transición ecológica.
Significa también preservar y revitalizar nuestra diversidad lingüística y cultural, incorporando responsablemente el quechua, el aimara y las lenguas originarias amazónicas en el desarrollo de aplicaciones y recursos digitales.
Nuestra biodiversidad, conocimientos científicos y tradiciones culturales pueden constituir fuentes de innovación y ventajas competitivas, siempre que se respeten los derechos de las comunidades, la protección de los datos, el sostenimiento de la oferta ambiental y la distribución justa de los beneficios, así como la defensa de los bienes comunes. La explotación digital sin consentimiento previo e informado, sin copropiedad sobre las aplicaciones resultantes, constituye una forma inaceptable de biopiratería algorítmica.
Inspirados en la tradición humanista peruana y en los llamados contemporáneos a colocar la tecnología al servicio de la persona, la dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier objetivo de eficiencia, rentabilidad o poder (Encíclica Magnifica Humanitas).
La IA debe potenciar, y no sustituir, la responsabilidad moral de las personas. Debe ampliar las libertades, no restringirlas. Debe fortalecer la capacidad crítica de nuestros jóvenes, no debilitarla.
III. ESTRATEGIA NACIONAL DE DESPLIEGUE, APROPIACIÓN Y COMPROMISO CON LA IA
La oportunidad histórica exige una estrategia que articule al Estado, la academia, la empresa privada, y la sociedad civil, con objetivos medibles, financiamiento sostenido y continuidad a través de los ciclos políticos.
- Un intensivo programa nacional de formación digital, científica y ética
Proponemos una gran movilización educativa para que estudiantes, docentes, trabajadores, emprendedores y funcionarios públicos desarrollen competencias para crear, comprender, utilizar y evaluar críticamente los sistemas de IA.
Este programa debe prestar especial atención a niños y jóvenes, comunidades rurales y nativas, a los adultos mayores y a los sectores de menores ingresos, evitando que la alfabetización tecnológica se convierta en un nuevo factor de exclusión.
- Desarrollo de talento, investigación y capacidades nacionales
Proponemos una alianza entre universidades, institutos superiores tecnológicos y pedagógicos, institutos de investigación, empresas grandes, medianas y pequeñas y el Estado para formar especialistas, promover la investigación y la aplicación de sus resultados y facilitar la transferencia tecnológica. Incentivar programas interdisciplinarios, laboratorios compartidos y redes de investigación vinculadas a demandas nacionales críticas, combinando ciencias de la computación, matemáticas, economía, humanidades y ética.
- Enfoque económico integral
Procurar que la IA permita mantener el balance entre la economía de la oferta (producción e importaciones) con la demanda (empleo e ingresos de las personas), considerando que lo que es bueno para una empresa o persona no necesariamente lo es para el conjunto de la sociedad.
Impulsar las nuevas tecnologías en muchas organizaciones acorde con las condiciones y necesidades de los ciudadanos y el aparato productivo interno.
Procurar que los impactos de las nuevas tecnologías se trasladen a costos y proporcionalmente a precios en beneficio de todos los ciudadanos redistribuyendo las ganancias en productividad y, a la par impulsar que promuevan el incremento de la productividad marginal del trabajo más que el producto medio.
Por último, procurar que se generen encadenamientos de producción y empleo para compensar la reducción de mano de obra por unidad de producto y se obtengan externalidades positivas.
- Fomento de una industria peruana de inteligencia artificial
Proponemos desarrollar una industria nacional de inteligencia artificial con instrumentos de financiamiento competitivo, incentivos adecuados, capital emprendedor, innovación abierta y compras públicas que impulsen el desarrollo de soluciones nacionales. Las entidades del Estado podrían destinar una parte de sus ingresos a que se produzcan soluciones adaptadas a los problemas del país.
La política industrial de IA debe facilitar el acceso a datos legítimos y de calidad, capacidad de cómputo, infraestructura digital y mercados, particularmente para startups, pequeñas empresas y emprendimientos regionales.
Se debe evitar tanto la total dependencia pasiva como la pretensión inviable de reproducir todas las tecnologías en la frontera del conocimiento.
- Transformación productiva y desarrollo territorial
La IA debe convertirse en un instrumento para diversificar la economía, elevar la productividad y reducir las desigualdades inter e intra regionales.
Proponemos programas de adopción y desarrollo tecnológico en sectores con elevado potencial nacional: agroindustria, pesquerías y minería limpias y responsables, manufactura, turismo sostenible, logística, salud integral, educación de calidad mundialmente competitiva y servicios especializados.
Las MYPE deben ocupar un lugar central en esta estrategia, con instrumentos accesibles de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento institucional y financiamiento.
Las regiones deben participar en la identificación de problemas y en la elaboración y propuesta de soluciones, evitando que la nueva economía digital mantenga el mega centralismo de la Capital de la República. Cada gobierno regional debe implementar su Estrategia Regional de IA (ERIA) con su política regional para materializar sus proyectos territoriales. Las universidades afincadas en las diferentes regiones tienen un rol importante que cumplir en alianza con las universidades públicas y privadas de la capital del país.
- Transformación del Estado y creación de valor público
La IA puede contribuir grandemente a transformar y mejorar la calidad de los servicios públicos, optimizar procesos administrativos, luchar contra la corrupción, combatir irregularidades y fortalecer la gestión territorial.
Su implementación debe estar basada en resultados verificables, protección de derechos y supervisión humana efectiva. Las decisiones públicas que afecten derechos fundamentales no deben quedar sometidas a mecanismos opacos o carentes de responsabilidad institucional.
- Infraestructura digital y acceso equitativo
El desarrollo de una economía de IA exige conectividad, energía confiable, infraestructura computacional, ciberseguridad, interoperabilidad, y disponibilidad de datos de calidad.
Fondo Nacional de Conectividad Digital. Se propone priorizar inversiones que faciliten el acceso y conexión a recursos tecnológicos compartidos por parte de universidades, investigadores, empresas y entidades públicas nacionales, regionales y locales; especialmente aquellas que beneficien a las zonas rurales.
Fondo Nacional de Infraestructura Computacional Pública: Reorientar las partidas presupuestarias que hoy se dilapidan en licencias cautivas de suites ofimáticas y almacenamiento foráneo, hacia la construcción y mantenimiento de centros de supercómputo nacionales y regionales, administrados por universidades públicas y consorcios científicos.
Soberanía de datos nacionales como activos estratégicos inalienables. Restringir la cesión irrestricta de bases de datos biométricos, tributarios, genómicos y etnolingüísticos peruanos a favor de corporaciones privadas o gobiernos extranjeros. Cualquier entrenamiento con datos del patrimonio nacional debe someterse a convenios de beneficio compartido, licenciamiento público y soberanía estatal.
IV. GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La gobernanza de la IA debe entenderse como el sistema de instituciones, políticas, instrumentos, incentivos y responsabilidades que permitan orientar esta tecnología hacia el bienestar colectivo, en tanto que, a la vez asegura la plena vigencia del conjunto de restricciones destinadas a evitar daños a la democracia, la cultura y el medio ambiente.
Se trata de quebrar la inercia del vasallaje tecnológico y la captura de las instituciones públicas buscando la resistencia institucional y la soberanía productiva.
Una gobernanza eficaz debe cumplir simultáneamente tres funciones: promover la innovación, proteger los derechos y asegurar una distribución equitativa de los beneficios.
Primero: Rectoría científica y conducción estratégica del más alto nivel.
Creación del Consejo Nacional Científico y Ciudadano de Inteligencia Artificial (CNCIA): retirando a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (PCM/SGTD) del monopolio sobre las decisiones de IA. La máxima instancia rectora debe ser un cuerpo colegiado y autónomo integrado por científicos y académicos de universidades públicas y privadas de Lima y regiones, delegados de las micro y pequeñas empresas, organizaciones de trabajadores y representantes de las comunidades indígenas y campesinas. Con responsabilidades claras, capacidad de convocatoria y seguimiento de resultados.
Segundo: un pacto nacional de largo plazo.
Se necesita construir acuerdos entre las fuerzas políticas, los poderes del Estado, las organizaciones empresariales, las universidades y la sociedad civil que garanticen la continuidad de la política y planes para la IA.
Para esto se debe construir la visión compartida acerca de la IA en el desarrollo nacional. El Acuerdo Nacional apoyado por el CEPLAN fortalecido, puede ser el garante de esta visión compartida, debiéndose blindar los presupuestos de ciencia y soberanía tecnológica de la turbulencia de los ciclos electorales y cambios ministeriales.
Tercero: “cajas negras” y rendición de cuentas.
Prohibición de cajas negras en el sector público: Establecer que ninguna resolución administrativa, fallo judicial, diagnóstico sanitario público o asignación presupuestaria estatal pueda sustentarse en modelos algorítmicos propietarios cuyo código, ponderaciones y conjuntos de entrenamiento no puedan ser íntegramente auditados y explicados por peritos y ciudadanos. No a la captura corporativa.
Cuarto: regulación proporcional basada en riesgos.
La regulación debe proteger a las personas y al medio ambiente sin obstaculizar injustificadamente la innovación.
Los sistemas de IA utilizados en ámbitos sensibles, como salud, justicia, educación, seguridad y acceso a servicios esenciales, requieren estándares rigurosos de transparencia, evaluación de riesgos, supervisión humana y mecanismos de reparación.
Al mismo tiempo, deben establecerse condiciones que permitan experimentar e innovar responsablemente, especialmente a las pequeñas y medianas empresas e institutos de investigación.
Quinto: mecanismos de evaluación, financiamiento y rendición de cuentas.
Proponemos establecer objetivos nacionales medibles e indicadores públicos que permitan evaluar periódicamente el avance de la estrategia.
Estos indicadores deben incluir, entre otros aspectos, la formación de talento, la generación de soluciones para problemas sociales prioritarios, la reducción de brechas digitales, el desarrollo de empresas nacionales, las ganancias de productividad, y; la adopción de IA en servicios públicos.
Asimismo, se requiere identificar y comprometer fuentes sostenibles de financiamiento y mecanismos de evaluación independiente. Sin financiamiento, responsabilidades definidas y medición de resultados, incluso las mejores estrategias serán pura e inútilmente declarativas.
Sexto: cooperación mundial, reglas comunes y justicia distributiva
El Perú debe asumir una posición asociativa con los países de intereses similares y propositiva en los espacios internacionales donde se debaten las reglas, estándares y mecanismos de cooperación de la IA.
En este sentido, el Perú debe actuar en la ONU, organismos regionales y plataformas de cooperación Sur–Sur para defender una gobernanza inclusiva, informada por evidencia científica e independiente de intereses exclusivos de proveedores. Debe promover estándares interoperables, pruebas de seguridad y mecanismos para responder a incidentes, sin aceptar normas que conviertan la seguridad en barreras de acceso para países en desarrollo. El establecimiento del World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) es un paso positivo en esta dirección.
Reclamamos condiciones internacionales equitativas de acceso a cómputo, conocimiento, modelos adecuados, formación, financiación y transferencia tecnológica negociada; así como reglas transparentes sobre uso de datos, propiedad intelectual, competencia y reparto de beneficios. Cooperaciones abiertas y diversificadas, con universidades, sector privado y organismos multilaterales, preservando capacidad nacional para decidir.
V. CINCO DECISIONES URGENTES PARA LOS PRIMEROS DOCE MESES.
Primeros 90 días (Transparencia e inventario): Publicar la auditoría integral y el inventario exhaustivo de todos los convenios bilaterales, asesorías extranjeras y sistemas de algoritmos que operan en los ministerios, organismos constitucionales y poderes del Estado, identificando dependencias críticas, riesgos de kill switch y flujos de datos hacia el exterior.
Primeros 180 días (Convocatoria científica y mesa multiactor): Instalar el Consejo Nacional Científico y Ciudadano, asumiendo la revisión vinculante de la ENIA 2026–2030 para hacerla concordante con los lineamientos estratégicos de este pronunciamiento, y, dotarla de partidas presupuestarias claras, metas de industrialización interna y programas de formación en ciencias de la computación dura, para jóvenes y docentes.
Primer año (Fondo de supercómputo y proyectos piloto descentralizados): Poner en marcha los tres primeros pilotos tecnológicos soberanos e independientes en sectores críticos (agricultura familiar/gestión del agua, salud preventiva en zonas rurales, y herramientas bilingües en lenguas originarias), acompañados de una evaluación de impacto social y ambiental antes de cualquier escalamiento.
Compromiso permanente (Tablero público y fiscalización de la huella ecológica): Implementar un observatorio de acceso público y actualización semestral sobre los costos de importación tecnológica, el uso de datos públicos, la huella ambiental e hídrica de la infraestructura digital instalada y la erradicación de sesgos algorítmicos discriminatorios.
Compromiso de Estado (Balanza tecnológica equilibrada y hacia el déficit cero): Establecer como política de Estado transexenal que, hacia el año 2030, el valor de las soluciones, servicios y desarrollos tecnológicos peruanos exportados y aplicados internamente logre equilibrar la balanza comercial de pagos por servicios digitales extranjeros, quebrando la hemorragia de divisas que hipoteca la riqueza del país.
VI. NUESTRO LLAMADO: DE LA PASIVIDAD COLONIZADA A LA CREACIÓN ACTIVA Y SOBERANA
El Perú no puede aceptar cumplir el rol subalterno de espectador o factoría dócil de los designios algorítmicos formulados en otros países. Si no asumimos con toda decisión la defensa de nuestra soberanía cognitiva, institucional y material, las futuras generaciones de peruanos heredarán un país gobernado en las sombras por automatismos foráneos sobre los cuales no tendremos palabra, voto ni derecho a réplica.
Frente a la visita del Santo Padre León XIV y el clamor ético de los pueblos por la justicia y la dignidad, convocamos a los trabajadores de la ciudad y del campo, a los docentes, a los investigadores, a las federaciones universitarias, a los emprendedores productivos y a las fuerzas cívicas y patrióticas a articular un gran frente por la soberanía tecnológica y la emancipación humana.
Que la inteligencia artificial no constituya la última frontera de nuestro vasallaje colonial, sino la oportunidad para afirmar, desde el suelo milenario de nuestra historia, una república verdaderamente libre, justa, creadora y soberana.
Por una inteligencia artificial al servicio de la humanidad, la prosperidad nacional, la transformación productiva y el desarrollo sostenible.
Lima, 07 de noviembre de 2026
G12 (Grupo de los Doce)
Kurt Burneo
Nelly Claux
Ángel Feijoo
Juan de Dios Guevara
Eduardo Gonzales Viaña
Agustín Haya
Baldo Kresalja
Armando Mendoza
Martín Moya
Alejandro Narváez
Santiago Roca
Juan Francisco Rojas
Rocio Silva Santisteban
José Távara
Dante Vera
Fernando Villaran
Víctor Zamora
Mario Zolezzi
GEPS (Grupo de Economía Política y Social)
German Alarco
Jean Paul Benavente
Libertad Casavilca
Edgardo Cruzado
Fernando Cuadros
Oscar Dancourt
José de Echave
Gustavo Guerra García
Catherine Eyzaguirre
Pedro Francke
María Antonieta Gonzales
Stephan Gruber
Sergio Quispe
Manuel Rodríguez Cuadros
Maximiliano Ruiz
Giovanna Vasquez
Alejandra Velásquez
Eduardo Zegarra
Concertación Perú (CP):
Mesías Guevara
Ricardo Ramos
Javier Narváez,
Benjamín Marticorena.